Empleados salteños del PAMI fueron imputados por cobrar el IFE
Salta19/11/2020 17:32 hs.
El fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos,
presentó esta mañana las imputaciones por los delitos de defraudación a
la Administración Pública e incumplimiento de deberes de funcionario
público de tres integrantes del PAMI en Salta, al considerar que hay
pruebas suficientes para investigarlos por el cobro del Ingreso Familiar
de Emergencia (IFE).
El planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF) fue formulado ante la jueza federal de Garantías, Mariela Giménez,
quien luego de escuchar los argumentos y pruebas presentadas por la
fiscalía dio por formalizada la investigación penal, según consignó el portal oficial del MPF. En
una audiencia por videoconferencia, celebrada a partir de las 10, el
fiscal Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta,
avanzó con las actuaciones iniciadas en agosto pasado, cuando a través
de un informe periodístico se conoció una lista de concejales y
funcionarios nacionales que habían cobrado el IFE. El 26 de agosto
pasado el representante del Ministerio Público Fiscal ya había
formalizado la acusación penal por idénticos delitos en contra de 17
concejales y de un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación.En esta ocasión, según el informe oficial, la imputación se dirigió a Emilia Juárez, Viviana Beatriz Fernández y Javier Navarreta,
quienes cumplen funciones de gerencia operativas en dependencias del
PAMI en las localidades de Orán, El Carril y Embarcación,
respectivamente.
Tras identificarlos, el fiscal presentó la
acusación. Antes repasó la génesis del IFE, cuya creación surge del
decreto 310/20, en el que se asentaron expresamente los requisitos que
deberán reunir los beneficiados. Resaltó la importancia de su
implementación en plena pandemia del coronavirus por el Estado Nacional
para ayudar a la ciudadanía sin relación de dependencia o trabajo
formal, lo que estimó como de gran ayuda para paliar la crisis económica
por el avance del virus. Al referirse a la reglamentación, dejó
en claro que el subsidio era compatible con los beneficios de la
Asignación Universal por Hijo (AUH), como así también que las
disposiciones legales dejaron en manos de la Anses las facultades de
otorgamiento y control del beneficio.
Investigación
Al
referirse a la acusación, Toranzos expresó que existían sospechas que
daban cuenta de que habría 13 funcionarios del PAMI que habrían cobrado
indebidamente este beneficio; sin embargo, y como resultado de las
tareas investigativas realizadas por su área, se pudo determinar que
sólo tres de los sindicados habrían incurrido en esta irregularidad. Indicó
que Fernández, quien había sido designada como titular de la Agencia
PAMI en la ciudad de Orán, cobró dos cuotas del IFE, beneficio que
solicitó dos meses después de asumir en el cargo.
En cuanto a Juárez, el
fiscal indicó que fue designada en febrero pasado como titular del
Centro de Atención Personalizada que el PAMI posee en la localidad de El
Carril, y que a los dos meses de ejercer su cargo también solicitó el
cobro del IFE, subsidio que percibió en dos ocasiones. Respecto a
Navarreta, Toranzos sostuvo que este funcionario, también designado por
el Estado Nacional, se desempeña desde marzo pasado como titular del
Centro de Atención Personalizada en la localidad de Embarcación. Afirmó
también que Navarreta, como los otros acusados, solicitó el beneficio
del IFE a los 23 días de asumir en el cargo y percibió este subsidio en
dos oportunidades. El fiscal solicitó la formalización de la
investigación penal en contra de los tres funcionarios públicos del
orden nacional por los delitos de defraudación a la administración
pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.“Ellos
no sólo conocían estos detalles sino que, vale resaltar, habían
prestado juramento como funcionarios públicos y por lo tanto era su
deber cumplir con estas normas y no solamente velar que otros las
cumplan”, sostuvo el fiscal federal.Al sustentar esta acusación,
informó que se reunieron diversas pruebas, entre ellas informes de la
AFIP respecto a la situación de los acusados como empleados del PAMI,
detalles de sus cuentas bancarias y los montos percibidos durante el
tiempo que cobraron el IFE. Asimismo, señaló los decretos de designación
de cada uno, cargo y función en las que fueron nombrados dentro del
PAMI.Respecto al plazo de investigación y las medidas de
coerción, la fiscalía solicitó 40 días hábiles para seguir con las
actuaciones, como así también requirió que los investigados se presenten
cada 15 días en la delegación de Gendarmería más cercana, el compromiso
de no entorpecer la investigación y la prohibición de salir del país.
Las defensas, en tanto, no objetaron estos planteos con excepción de
Navarreta, quien pidió presentarse una vez al mes; sin embargo su pedido
no fue contemplado, pues al momento de resolver, la jueza Giménez hizo
lugar a todo lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.
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