La vicepresidenta acaba de designar a Juan Manuel Gestoso Presas, un exmilitar retirado vinculado a la destrucción de documentos clave sobre el robo de bebés en la dictadura, como subdirector de Auditoría del Senado. El escándalo estalló al conocerse su pasado: en 2008, ordenó incinerar libros del Hospital Militar de Salta con registros de nacimientos que podrían haber revelado casos de apropiación ilegal.
*El decreto 0306/25 firmado por Villarruel* oficializó el ascenso de Gestoso, quien en su momento comandó la Compañía de Inteligencia 5 en Salta. A pesar de que en 2014 un tribunal lo sobreseyó argumentando prescripción, su nombramiento reavivó el debate sobre impunidad y la postura de la vice al alinear su gestión con figuras cuestionadas por violaciones a los derechos humanos.
Pero esto no es todo
Mientras la oposición exige explicaciones, Villarruel enfrenta otra batalla: una rebelión interna. Jóvenes de su espacio la acusaron de "autoritaria" tras fiscalizar para La Libertad Avanza en las elecciones porteñas, lo que derivó en duras reprimendas y controles.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos no tardaron en reaccionar. "Es una burla a las víctimas", denunciaron, recordando que los documentos destruidos bajo su mando eran pruebas vitales para casos de lesa humanidad.
El mensaje de Villarruel es claro: prioriza lealtades ideológicas sobre reconciliación histórica. Pero en un país donde la herida de la dictadura sigue abierta, este movimiento podría costarle más de lo que imagina.
