El caso ocurrido en la Ciudad Judicial de Tartagal volvió a exponer la complejidad que atraviesan los embarazos en niñas, especialmente cuando intervienen factores comunitarios, sanitarios y judiciales. Una menor de 12 años, perteneciente a una comunidad originaria, se encadenó en la entrada del edificio para expresar su voluntad de continuar con un embarazo de alto riesgo, pese a que la ley considera cualquier relación sexual entre menores como abuso. La escena colocó en debate la tensión entre la autonomía progresiva, los protocolos de protección y la mirada intercultural.
Desde el sistema sanitario, profesionales del Hospital Materno Infantil remarcaron que el embarazo implica riesgos severos por la corta edad de la niña. La directora de Maternoinfancia, Patricia Leal, explicó que la prioridad es resguardar la salud integral de la menor, quien fue internada para estudios completos. Aseguró que Salud no obliga a interrumpir embarazos, sino que acompaña y monitorea, aunque aclaró que las decisiones judiciales quedan fuera de la competencia sanitaria.
Paralelamente, desde el área de Niñez, la titular Paula Tackzek recordó que la legislación argentina es clara: una menor no puede consentir relaciones sexuales, por lo que el Estado debe intervenir más allá de la voluntad expresada por la niña. Subrayó que a los 12 años no existe la madurez suficiente para dimensionar riesgos físicos y emocionales, por lo que la protección debe prevalecer sobre cualquier otra consideración.
La situación abrió una discusión interna en organismos provinciales sobre cómo se articula realmente el sistema de protección frente a casos donde confluyen riesgos médicos, demandas comunitarias y obligaciones legales. Los equipos que trabajan en la zona norte admiten que el desafío será acompañar de manera integral a la menor y a su familia, seguir la evolución del embarazo y activar las rutas de cuidado necesarias, mientras la Justicia define los pasos a seguir
