"Desde la primera nota en 2021, nada mejoró. Todo empeoró", confiesa N.B., una mujer que enfrenta violencia de género, judicial e institucional en Cafayate. Su calvario comenzó en 2017, cuando denunció a su expareja por agresiones físicas. A pesar de una orden de restricción, la violencia no cesó, y hoy lucha por recuperar a sus hijos gemelos, en medio de un sistema que, según ella, la revictimiza.
La noche del 26 de febrero de 2024 marcó un antes y después. N.B. fue brutalmente golpeada por su exmarido cuando intentó recuperar a sus hijos. En vez de protegerla, la policía la detuvo a ella, mientras él quedó libre. "Me desangraba, pero me esposaron", relata. La fiscalía de Cafayate incluso le negó un abogado, y pasó siete días privada de su libertad, mientras sus hijos eran entregados al agresor.
Un año sin verlos. Aunque tribunales de Salta ordenaron revinculación, el padre ignoró las resoluciones. "Cada avance era frenado", dice N.B., quien asegura que informes psicológicos favorables fueron desoídos. "Mis hijos no son un negocio", clama, mientras expone cómo las autoridades locales incumplen las medidas de protección.
En mayo, otro episodio violento. Golpes, vidrios rotos, cortes en sus brazos… Pero la fiscalía archivó su denuncia. "Siempre hay testigos y certificados médicos, pero nunca basta", lamenta. Peor aún: "Me amenazan con causas falsas si sigo denunciando". Mientras, la tenencia de sus hijos sigue en limbo, sin juez asignado tras excusarse la titular.
Ante la impunidad, N.B. llevó su caso a Buenos Aires. "Salta es sorda y ciega. Solo me queda gritar", dice. En un video viral, se la ve esposada tras la golpiza, suplicando: "Hagan algo, por favor". Hoy vive fuera de Cafayate, amenazada, sin saber dónde están sus hijos desde abril.
"No es solo por mí, es por todas", concluye. Su historia expone fallas graves en la justicia salteña y reclama urgente intervención. ¿Hasta cuándo?
