Diez trabajadores del sur salteño fueron víctimas de trata laboral en una finca de Joaquín V. González. El caso estalló en noviembre de 2023 y, este año, la Justicia Federal homologó un acuerdo inédito: $15 millones como compensación directa por los abusos sufridos.
Las condiciones eran inhumanas. Los hombres realizaban tareas de desmonte en la finca Suri Blanco con sus propias herramientas, sin ropa adecuada y sin acceso a agua potable. Dormían en una casilla precaria y soportaban descuentos arbitrarios —$30.000 sobre los $100.000 quincenales— por alimentos provistos por el propio contratista.
El responsable, Ángel Gustavo Enríquez, fue imputado por trata laboral. Él mismo los trasladaba desde Las Lajitas y controlaba cada aspecto de su vida dentro de la finca. La intervención del Gabinete de Asistencia a la Víctima permitió frenar el abuso y abrir una causa penal.
El acuerdo fue gestionado por el fiscal Ricardo Toranzos y el defensor Nicolás Escandar, y se lo definió como una “salida superadora” que evitó un juicio largo y permitió una reparación económica inmediata. Enríquez pagó los $15 millones en la misma audiencia.
Cada trabajador fue informado, firmó su consentimiento y celebró el cierre de esta dolorosa etapa. El juez federal Julio Bavio validó el acuerdo, destacando su razonabilidad y el enfoque restaurativo que promueve el nuevo Código Procesal Penal.
La dignidad laboral no se negocia
Aunque el daño no se borra con dinero, la reparación económica representa un paso concreto hacia la justicia, en un proceso donde todas las partes buscaron alcanzar una resolución de común acuerdo.
