Una fuerte tensión se vivió este martes en la Cámara de Diputados, donde distintos legisladores reclamaron la renuncia de la diputada salteña María Emilia Orozco, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, a quien acusan de no convocar al cuerpo desde hace más de un año. La reunión fue autoconvocada y tuvo un doble eje: el rechazo a los allanamientos contra periodistas y la exigencia de apartar a Orozco de su cargo.
El debate se desató tras el pedido del Gobierno de allanar el canal de streaming Carnaval y a los periodistas que difundieron audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Para muchos legisladores, se trata de un claro intento de censura que amenaza los pilares de la democracia.
La diputada Yolanda Vega fue una de las voces más críticas: “Esta fue una reunión autoconvocada porque la presidenta no nos convoca hace un año. Sin libertad de expresión no estaríamos hablando de un país en democracia”, advirtió con firmeza, subrayando la gravedad de la inactividad de la comisión.
En la misma línea, Esteban Paulón sostuvo que “se abrió sin la presidenta de la comisión, que es una persona que hay que remover. Lo hemos pedido en el recinto y seguiremos trabajando para que deje de presidirla”. Por su parte, el vicepresidente de la comisión, Christian Castillo, remarcó que “Orozco no está cumpliendo con lo que tiene que hacer. Queremos que la comisión funcione normalmente, y hoy dimos un paso importante al repudiar este ataque a la prensa”.
El conflicto escaló rápidamente, ya que no solo se cuestiona el accionar del Gobierno contra los periodistas, sino también la falta de compromiso de Orozco en una comisión clave para la defensa de los derechos democráticos. Para los legisladores opositores, la situación es insostenible y exige medidas inmediatas.
Con el repudio instalado y la presión creciente, la continuidad de María Emilia Orozco al frente de la Comisión de Libertad de Expresión quedó seriamente en duda. Ahora, el Congreso enfrenta un desafío mayor: garantizar que la prensa pueda trabajar sin amenazas y que las instituciones cumplan con el rol que la sociedad demanda.
