En Universidad Nacional de Salta, el debate ya está sobre la mesa: en 2025, con 235 estudiantes extranjeros (apenas el 0,6% de la matrícula), el rector Miguel Nina confirmó que analizan la posibilidad de cobrar aranceles a quienes no tengan residencia permanente. La medida surge tras el DNU 366/2025, que habilita —pero no obliga— a las universidades a hacerlo.
Los números muestran un contraste fuerte: del total de estudiantes extranjeros, el 63% proviene de Bolivia, y el impacto económico que generan en el presupuesto universitario es menor al 0,57%. Es decir, el debate no parece centrarse en una crisis financiera, sino en el cumplimiento de la normativa vigente.
La ley es clara: la educación universitaria gratuita está garantizada para argentinos y extranjeros con residencia permanente. Por eso, desde la UNSa comenzaron a revisar caso por caso para determinar quiénes cumplen con ese requisito. “No estamos obligados a cobrar, pero la norma lo permite”, explicó Nina, dejando abierta la puerta a una decisión institucional.
En caso de avanzar, no habría un arancel único: el monto sería definido por el Consejo Superior según la complejidad de cada carrera. Esto podría generar diferencias significativas entre facultades, abriendo otro foco de discusión sobre equidad y acceso a la educación.
La pregunta queda instalada: ¿es justo cobrarle a estudiantes extranjeros cuando su impacto económico es mínimo? ¿O se trata de ordenar el sistema según la ley? Mientras la UNSa analiza, el debate crece y podría marcar un precedente nacional si otras universidades siguen el mismo camino.
