El Gobierno boliviano endurece las sanciones y ahora el contrabando de alimentos podría costarte hasta 12 años de cárcel. La medida apunta a frenar el saqueo de productos subvencionados y proteger la mesa de los bolivianos.
El Gobierno boliviano acaba de aprobar un reglamento que castiga con 8 a 12 años de prisión el contrabando de alimentos subsidiados hacia otros países. La medida, anunciada por el Viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez, busca frenar el desabastecimiento interno y la especulación de precios. Sectores como el ganadero llevaban meses exigiendo acciones ante el robo sistemático de mercancías en zonas fronterizas.
El contrabando "agravado" no solo vacía los mercados locales, sino que también perjudica a productores y consumidores. La Ley 100 (2011) ahora se aplicará con todo su rigor: decomiso de mercancías, confiscación de bienes vinculados y prisión efectiva. "Ya no habrá impunidad para los reincidentes", advirtió el ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, tras reunirse con gremios afectados en Cochabamba.
La norma cubre un radio de 50 km desde las fronteras y penaliza incluso intentos fallidos. Productos como carne, hidrocarburos y otros subsidios estatales están en la lista prioritaria. "Tenemos identificados los puntos críticos y los métodos usados por los contrabandistas", reveló Flores, sin dar más detalles por razones de operatividad.
La Confederación Nacional de Trabajadores en Carne (Contracabol) celebró la decisión. Denuncian que el "contrabando inverso" —hacia países vecinos— distorsiona la economía y deja sin stock a mercados legales. Solo en 2023, se incautaron toneladas de alimentos en pasos clandestinos, pero las sanciones eran mínimas.
