La Corte Suprema confirmó la condena contra Cristina Kirchner y ocho acusados más en la causa Vialidad, ordenándoles devolver $84.835.227.378,04 millones al Estado por administración fraudulenta. El monto cubre los sobreprecios en 51 contratos adjudicados a Lázaro Báez, exsocio de la expresidenta, entre 2003 y 2015.
El fiscal Diego Luciano exigirá el pago en 10 días hábiles o embargará los bienes de los condenados. Aunque aún no se definieron montos individuales, Cristina ya tenía un embargo de $10.000 millones desde 2016, cuando se estimaba el perjuicio en $46.000 millones.
Kirchner declaró solo $250 millones en 2023, sin propiedades a su nombre (las transfirió a sus hijos). Sus ingresos están suspendidos, y sus empresas (Hotel Alto Calafate y Los Sauces) siguen investigadas.
A la condena penal se suma una demanda civil por $22.300 millones iniciada en 2016, que el gobierno de Milei busca actualizar a $85.000 millones.
¿Qué sigue? La Justicia deberá desglosar el monto por acusado y determinar cómo recuperar los fondos. Mientras tanto, el fallo marca un precedente histórico en la lucha contra la corrupción en Argentina.
