En la madrugada del lunes, la tranquilidad de la avenida Arístides Villanueva se quebró cuando el concejal libertario de San Rafael, Martín Antolín, fue detenido manejando un BMW descapotable blanco, sin patente y con una copa de vino en la mano. El test arrojó 1,15 gramos de alcohol en sangre, más del doble del máximo permitido en Mendoza.
El operativo ocurrió a la 1.10, durante un control de rutina. Los agentes lo interceptaron en Arístides y Tiburcio Benegas, donde constataron también la falta de chapa identificatoria. El vehículo fue secuestrado y el funcionario trasladado a la Comisaría Sexta, sin que opusiera resistencia ni intentara usar su cargo para evitar el procedimiento.
Con un límite legal de 0,5 gramos en la provincia, Antolín enfrenta ahora una multa que podría llegar a los 5 millones de pesos. Su licencia fue retenida y el caso pasó al Juzgado Contravencional, donde se evaluarán nuevas sanciones.
La reacción política fue inmediata. La vicegobernadora Hebe Casado exigió su renuncia, recordando casos previos. El Partido Libertario también emitió un comunicado solicitando que deje la banca y activando al Tribunal de Disciplina: “La libertad solo puede existir cuando cada individuo asume las consecuencias de sus actos”.
Este episodio se suma a una preocupante seguidilla de funcionarios mendocinos involucrados en casos de alcoholemia: Teves en enero, Burgoa en mayo y otros incidentes recientes que encendieron las alarmas sobre la responsabilidad institucional.
Ahora, el futuro político de Antolín queda en duda, mientras crece el reclamo social para que los representantes públicos mantengan una conducta ejemplar y se refuercen los controles para evitar tragedias.
