Verónica Costa, una madre soltera de Villa Mercedes (San Luis), esperaba $8.000 de pensión alimenticia, pero el 6 de mayo recibió $500 millones por error del gobierno provincial. En cuestión de horas, gastó el dinero en electrodomésticos, un auto y transferencias a familiares. Ahora, ella y cinco allegados están imputados por estafa y deberán pagar $30 millones de fianza para evitar la prisión.
El escándalo estalló cuando el Tesorero provincial detectó el error y denunció el caso. Para entonces, Acosta ya había realizado 66 transferencias y comprado heladeras, TVs y hasta un vehículo. Las autoridades recuperaron el 90% del dinero tras allanamientos y bloqueos de cuentas, pero el resto sigue en billeteras virtuales intervenidas.
La fiscal Daniela Torres calificó el hecho como una "maniobra delictual", mientras la jueza Antonela Panero ordenó la fianza millonaria. La defensa de Acosta apeló, argumentando que sus clientes son "personas humildes sin mala fe" y que el monto es "exorbitante".
"Pensé que era un regalo de Dios", declaró Acosta a la prensa. "Con tanta necesidad, compré cosas básicas y ayudé a mi familia". Aseguró no saber que el dinero era público: "Creí que eran $500.000, no millones". Entre lo devuelto figuran el auto, los electrodomésticos y hasta cerámicos.
El caso expone fallas críticas en los controles estatales y plantea un debate: ¿Fue apropiado criminalizar a una familia necesitada por un error del gobierno? Mientras la Justicia avanza, muchos cuestionan si la sanción corresponde a la intención real de los implicados.
